Nueva política del USCIS sobre el ajuste de estatus
El 21 de mayo de 2026, el USCIS publicó el Memorándum de Política PM-602-0199, en el que se establece una nueva política con la que la Administración Trump pretende reducir el volumen de inmigración al restringir la capacidad de los inmigrantes para solicitar la residencia permanente mediante el proceso de ajuste de estatus desde dentro de los Estados Unidos y obligarlos a tramitar su inmigración a través de las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero, donde existen largos retrasos en la tramitación debido a la falta crónica de personal en el Departamento de Estado.
Esta nueva política es el siguiente paso tortuoso que ha dado la Administración Trump para llevar a cabo su agenda de reducir el volumen de inmigración a EE. UU. La Administración Trump había comenzado imponiendo prohibiciones de inmigración a ciertos países y aplicando «pausas» en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de docenas de países; sin embargo, dado que las personas de países con pausas en el procesamiento pueden eludir algunas de las prohibiciones y pausas solicitando un ajuste de estatus desde su estatus de no inmigrante en EE. UU., la Administración Trump ahora está tratando de bloquear también esta vía de inmigración. El impacto potencial de esta nueva política es mucho mayor, ya que con ella la Administración Trump pretende dejar a todos los inmigrantes atrapados esperando durante años una cita para una entrevista en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero, donde los funcionarios consulares pueden denegar más fácilmente la solicitud de visa de inmigrante, dejando al solicitante sin recurso ante los tribunales federales de EE. UU. para impugnar la denegación de la solicitud de visa de inmigrante. Por el contrario, el proceso de ajuste de estatus en los EE. UU. permite a los solicitantes impugnar la denegación de su ajuste de estatus, por ciertos motivos legales, ante los tribunales federales.
A menos que la nueva política sea revocada antes de que se aplique realmente, llevará tiempo ver con qué rigor aplicará el USCIS la nueva política y evaluar el impacto real de la misma. Sin embargo, por una multitud de razones es razonable creer que esta nueva política será revocada, varias de las cuales esbozaré a continuación.
Impacto financiero negativo en los grandes empleadores de sectores económicos clave y en los centros regionales EB-5
La nueva política podría tener el efecto de interferir en la capacidad de los empleados inmigrantes para seguir trabajando durante todo el proceso de inmigración para los principales empleadores de EE. UU. en sectores clave como, por ejemplo, la tecnología, la manufactura, la ingeniería, la industria farmacéutica, la biotecnología, las finanzas, los deportes profesionales y el ámbito académico, entre otros.
La nueva política también podría tener el efecto de disuadir a los nuevos inversionistas de solicitar el ajuste de estatus basado en la inversión en centros regionales EB-5, lo que tendrá un impacto negativo en los programas de los centros regionales y en las regiones donde están generando desarrollo económico y creación de empleo.
Por las razones mencionadas anteriormente, los principales empleadores de trabajadores inmigrantes y los centros regionales EB-5 sin duda se pondrán en contacto con sus grupos de presión, si aún no lo han hecho, para que estos se dirijan a la Casa Blanca y al Congreso con el fin de que se revoque esta nueva política.
Litigios ante los tribunales federales
En caso de que el USCIS comience a denegar las solicitudes de ajuste de estatus (esta política se aplica únicamente a los solicitantes que soliciten la residencia permanente desde dentro de los Estados Unidos, y no a quienes ya posean la residencia permanente o la residencia permanente condicional) basándose en esta nueva política, los abogados de inmigración de los solicitantes interpondrán demandas ante los tribunales federales para impugnar la legitimidad de la nueva política. Preveo dos motivos principales para tales impugnaciones:
La nueva política viola la Ley de Procedimientos Administrativos
El USCIS está implementando esta nueva política a través de un memorándum de política en lugar de seguir el proceso de elaboración de normas, tal como lo exige la Ley de Procedimientos Administrativos, lo que significa que se trata de una norma que se está implementando en violación de la ley federal. Las agencias administrativas como el USCIS no pueden simplemente implementar nuevas normas de manera arbitraria sin pasar por el proceso de elaboración de normas, el cual requiere publicar la norma propuesta, permitir comentarios públicos, finalizar la norma y explicar en qué medida se tomaron en cuenta los comentarios públicos en la norma final, y luego implementar la norma final. El USCIS no siguió ninguno de estos pasos. En cambio, el USCIS está tratando de engañar a todos para que crean que esta nueva política es en realidad una continuación de una política de larga data y que, por lo tanto, no es necesario seguir el proceso de elaboración de normas.
La nueva política viola la intención del Congreso
A lo largo de los años, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado muchas leyes de inmigración que permiten a los inmigrantes solicitar la residencia permanente mediante el ajuste de estatus si se encuentran en los Estados Unidos con un estatus de no inmigrante válido (en el caso de los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, incluso si su estatus de no inmigrante ya no es válido). De hecho, el Congreso ha aprobado en repetidas ocasiones legislación de inmigración que permite a los inmigrantes solicitar el ajuste de estatus al mismo tiempo que presentan la petición de inmigración. El Congreso autorizó la presentación simultánea para las categorías de tarjeta verde basadas en el empleo EB-1 a EB-3 con la aprobación de la Ley de Competitividad Estadounidense en el Siglo XXI («AC21») en 2000 y, en la categoría EB-5, con la aprobación de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 («RIA») en 2022. Por lo tanto, si el Congreso no hubiera tenido la intención de que los inmigrantes de estas categorías solicitaran el ajuste de estatus en los EE. UU., entonces el Congreso no habría aprobado leyes que permitieran a los inmigrantes solicitar el ajuste de estatus en los EE. UU. al mismo tiempo que presentan la solicitud de inmigración.
Lo mismo ocurre con los procesos de inmigración basados en la familia. A lo largo de los años, el Congreso ha creado disposiciones legales para permitir que los familiares directos de ciudadanos estadounidenses soliciten el ajuste de estatus. Por ejemplo, mientras que a los visitantes de los EE. UU. bajo el Programa de Exención de Visado (ESTA) no se les permite extender, cambiar o ajustar su estatus en los EE. UU., el Congreso creó una excepción, bajo la INA 245(c)(4), que permite a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses solicitar el ajuste de estatus después de haber entrado a los EE. UU. bajo el Programa de Exención de Visado (ESTA). Esto deja claro que la intención del Congreso era claramente que los familiares directos de ciudadanos estadounidenses solicitaran el ajuste de estatus en los EE. UU. La Junta de Apelaciones de Inmigración ha reafirmado repetidamente, en múltiples casos precedentes, que es la voluntad del Congreso permitir que los familiares directos de ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia permanente mediante el ajuste de estatus y, por lo tanto, ha sostenido que el USCIS no puede denegar las solicitudes de ajuste de estatus presentadas por familiares directos de ciudadanos estadounidenses basándose únicamente en una intención preconcebida de inmigrar.
A pesar de los esfuerzos del presidente Trump por llenar los tribunales federales con jueces que comparten sus creencias y su política, muchos jueces federales de todo Estados Unidos se han elevado, no obstante, por encima de la política para decidir los casos basándose en los méritos legales de los mismos, en lugar de limitarse a acatar a la Administración Trump. Los abogados de inmigración que litigan en los tribunales federales en nombre de los inmigrantes han ganado muchos más casos de los que han perdido durante el primer y segundo mandato de Trump, contrarrestando las políticas antiinmigrantes de la Administración Trump impuestas arbitrariamente a través de órdenes ejecutivas y memorandos de política. Muchas de estas victorias se produjeron precisamente como resultado de los repetidos intentos de la Administración Trump de cambiar la ley y su interpretación mediante órdenes ejecutivas y memorandos de política emitidos por agencias ejecutivas sin pasar por el proceso de elaboración de normas exigido por la Ley de Procedimientos Administrativos. Por lo tanto, si la nueva política del USCIS no se revoca mediante la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso, lo más probable es que se revierta a través de litigios en los tribunales federales.